Obediencia de los funcionarios públicos ¿Hasta donde llega?

Obediencia de los funcionarios públicos ¿Hasta donde llega?

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La obediencia de los funcionarios públicos

Todos los gobernantes públicos, y deben integrar a todos y cada uno de los utilizados de la administración estatal, tanto los gobernantes públicos como el plantel laboral, tanto temporal como estatutario, y como es natural tanto en el área de la administración general del estado, como la autoadministración o la administración local, están sujetos al Estado de derecho, y en él, como regla suprema de la Constitución.

Es obvio que la obediencia adecuada no puede y no debe tener efecto frente a órdenes judiciales descaradamente delincuentes. Pero ese no es el inconveniente, ya que esto raras veces sucederá.

El enfrentamiento de obediencia del funcionario público o del usado administrativo generalmente surge frecuentemente y ocasiones en las que el funcionario está en la disyuntiva de desempeñar sus funciones con la precisa imparcialidad contraria a una orden, cuya ilegalidad no está clara. bastante para que el funcionario discuta y se niegue a cumplir.

El funcionario público se encarará al combate de 2 nociones de deber: deber de imparcialidad versus deber de obediencia, y el agente se encuentra en este dilema o en esta bifurcación donde siempre debe tomar el camino.

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Principios de conducta de los funcionarios públicos

El estatuto fundamental de los usados públicos aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su producto 54, recordando los principios de conducta, indica los siguientes principios de conducta:

1. Tratarán a los ciudadanos, sus superiores y demás funcionarios públicos de manera cuidadosa y respeto.

2. La ejecución de las tareas que corresponden a su trabajo se efectuará con diligencia y en el cumplimiento del día y hora establecidos.

3. Obedecerán las normas y órdenes expertos de sus superiores, salvo que formen una violación manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso lo comunicarán en el instante a los órganos de control eficientes.

4. Notificarán a la ciudadanía sobre las cuestiones o cuestiones que están en su derecho a saber y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Gestionarán los elementos y recursos públicos con austeridad, y no los emplearán para su beneficio o el de quienes les cubren. Asimismo tienen el deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará todo obsequio, favor o servicio en condiciones provechosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal.

7. Garantizan la perseverancia y permanencia de los documentos para su transmisión y distribución a los encargados siguientes.

8. Mantendrán su capacitación y puntuaciones actualizadas.

9. Respetarán las reglas sobre seguridad y salud en el trabajo.

10. Informan a sus superiores o órganos eficientes de las propuestas que estimen oportunas para prosperar el ejercicio de las funciones de la unidad a la que están encomendados. A dicho efecto, se puede estimar la creación de un órgano competente concreto para centralizar la recepción de proposiciones de mandatarios o gestores públicos que sirvan para progresar la efectividad del servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en el idioma que la pida al paso que sea oficial en el territorio.

¿Hasta dónde llega la obediencia al superior de un funcionario público?

Estos días, mucho más que nunca, múltiples mandatarios públicos se harán esta pregunta, la contestación está en nuestra Constitución y en su Estatuto Fundamental, en el artículo que terminamos de transcribir en el apartado previo, el límite es la LEY, «Obedecerán las instrucciones y órdenes especialistas de sus superiores, salvo que formen una clara violación del orden legal … « alén de este límite, el empleado o funcionario público comete un delito, cumpliendo una orden que constituye un delito expresamente ilícito.

¿Cuándo puede entender el funcionario público si la orden es ilegal?

Naturalmente, el usado o funcionario público no es letrado y por ende no debe comprender exactamente lo que dicen todas y cada una de las normativas actuales y variadas, pero lo que debe evaluar es que en frente de una orden o instrucción comprende o puede comprender opuesto al derecho. , antes de proceder a su ejecución o su ejecución, es atrayente que el Superior, quien es dependiente de quien dio la orden, se la dé por escrito y aun de esta manera, si comprende que esa orden es descubiertamente ilícita, en grupo. órganos de control eficaces.

¿Cuáles son las consecuencias de obedecer una orden ilegal?

La ejecución de una orden ilícita tiene la oportunidad de tener penas muy dispares, dependiendo del género de orden que se haya tomado o ejecutado, por poner un ejemplo, si esa orden es inconstitucional y se ha ejecutado, se probablemente encuentra cometido un delito muy grave. , desde un punto de vista disciplinario, sin incurrir en otras sanciones, por servirnos de un ejemplo penas, en dependencia de la gravedad de la sanción, se puede sancionar por entre las próximas:

a) La terminación del servicio del funcionario, que, en el caso de un funcionario interino, dará rincón a la revocación del encargo, y que solo puede sancionar la comisión de delitos muy graves.

b) El despido disciplinario del personal designado a laborar, que solo puede sancionar la comisión de faltas muy graves y dará ubicación a la prohibición de festejar un nuevo contrato de trabajo con funcionalidades similares a las que desempeña.

c) Suspensión persistente de funcionalidades, o explicado de otra forma de contratación y remuneración en la situacion de personal de cuello azul, por un periodo máximo de 6 años.

d) Traslado obligatorio, con o sin cambio de domicilio, por el período que en todos y cada momento se establezca.

y asimismo) Incapacidad, que va a radicar en la sanción por fundamentos de carrera, promoción o movilidad facultativa.

f) Advertencia.

g) Algún otro que establezca la ley.

Finalmente, cabe indicar que la sentencia, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de 20 de julio de 1998, declaró “… En temas de obediencia y cumplimiento de un deber… es esencial que el orden cumplido no tenga dentro ningún acto u omisión expresamente ilícito. Y este requisito es tan indispensable que su ausencia influye en nuestro término en el que debe fundamentarse la exención de responsabilidad penal, por lo que no se puede charlar de la adecuada obediencia, ni como defensa completa ni como defensa incompleta … «.

Fuente legal del artículo: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el artículo refundido de la ley sobre el estatuto fundamental de los usados públicos.

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Miguel Buendía Zapín


Periodista de amplia experiencia, columnista de rigurosos medios relacionado con el derecho. Post grado en derecho periodistico. LinkedIn

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