Abogados demolición de construcción urbanística

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demoliciones ilegales de edificios

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS URBANOS

La demolición de un edificio piensa la demolición o destrucción de lo construido o construido ilegalmente.

Construccion urbana

Se piensan proyectos de construcción, edificación o urbanización las efectuadas previa obtención de la autorización municipal.

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Consentimiento(Obligatorio)

La Administración podrá elegir organizar el derribo cuando así mismo lo disponga la legislación urbanística, con independencia de la resolución que el juez de lo penal logre adoptar al respecto por el mismo hecho – delito urbanístico a que tiene relación el art. 319) – y asimismo con independencia de lo que se resolviera en el expediente administrativo que pudiese abrirse teniendo en cuenta estos sucesos como infracción administrativa.

Es de forma fácil comprobable que en todo el territorio nacional, las obras efectuadas en contraste con el planeamiento urbanístico perviven en el tiempo pues en la práctica raras veces se derruyen, por lo que el Estado, de alguna forma, permite al transgresor conseguir el lucro esperado, aun si éste procura recobrarlo a través de sanción proporcional.

Conceptualmente y substancialmente, nada se diferencia de la institución tradicionalmente conocida en el campo administrativo antes de su incorporación al arte. 319.3 del Código Penal por el legislador de 1995, sin sanciones no exageradamente severas por modificación urbana referida a producciones ilegales en terrenos, generalmente rústicos.

En el campo administrativo, la Administración tiene la obligación de devolver la situación al statu quo previo, que comunmente supone la demolición de obra ilegal.

El derribo es sólo una predisposición para el restablecimiento de la legalidad urbanística y la restauración del suelo instantaneamente anterior al daño provocado por el delito, sin que se configure un ingrediente de responsabilidad civil aun en el momento en que se haya sufrido un daño privado causado a terceros con la comisión de la delito de arte. 319-delincuencia urbana-, ya que en ningún caso serían ellos los que determinarían la resolución de derribo.

¿Quién debería demoler las construcciones ilegales?

La orden de demolición, luego de una condena judicial por un delito urbanístico a que tiene relación el producto 319 del Código Penal, ha de ser reconocida implacablemente en los plazos para eludir los cambios oportunos en el planeamiento urbanístico y la consiguiente regularización de lo edificado.

En este sentido, en la medida en que la función judicial incluye la aptitud de evaluar y, asimismo, de realizar lo juzgado, una vez pactada la medida de demolición contra el culpado por el delito a que se refiere el art. 319, el juez debe obligar al sujeto a efectuar él mismo la ejecución de la medida y, en su defecto, sin tener que dirigirse a la administración, adoptar las medidas que estime necesarias para la ejecución subsidiaria a costa del condenado.

¿Es viable autorizar una composición en este momento construida?

Por visto que la autorización administrativa o licencia municipal es condición que se necesita para poder realizar las proyectos, para la construcción de cualquier tipo de edificio, edificación o urbanización, y que una vez expedida por la autoridad competente por la parte del Alcalde, y por la Dirección de Urbanismo a la que se asigna la rivalidad, autoriza a su titular para que consigua ejercer el derecho de edificación o empleo autorizado.

Las proyectos realizadas sin autorización municipal pero no contrarias al urbanismo pueden ser autorizadas a posteriori por legalización, quedando excluidas del elemento tipo del art. 319.2.

Para ver si la ejecución de las proyectos está autorizada o no, lo que importa no es la sepa de un permiso municipal, sino más bien, según el calendario vigente al instante de la ejecución de las proyectos, es posible su legalización.

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Miguel Buendía Zapín


Periodista de amplia experiencia, columnista de rigurosos medios relacionado con el derecho. Post grado en derecho periodistico. LinkedIn

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