Abogados delito de prevaricación administrativa

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delito de prevaricación administrativa

PREVARICAR LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

El delito de prevaricación administrativa

Nuestro código penal regula dos géneros de delitos de prevaricación: el cometido por las autoridades y mandatarios públicos (prevaricación «administrativa») y el cometido por jueces o magistrados (prevaricación judicial).

Especialidad del delito de prevaricación administrativa

El dicho intrusión «administrativa» se actúa genéricamente por el artículo 404 del código penal.

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Asimismo hay formas específicas de esta intrusión «administrativa», como la designación ilegal para un cargo público (producto 405 del Código Penal) o la llamada intrusión «urbana» (artículo 320 del Código Penal).

El género de delito criminal

Como dicen, el producto 404 del código penal regula la intrusión «administrativa» de la próxima forma:

«La autoridad o funcionario público que conociendo su injusticia dicte una resolución arbitraria en materia administrativa va a ser sancionada con la pena de caducidad particular para el empleo o servicio público y por el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante un período temporal. periodo de tiempo de nueve a quince años «.

Elementos habituales del delito

Este delito, según la jurisprudencia incesante, consta de los próximos elementos habituales:

Sujeto activo del delito

1) El sujeto activo del delito o quien lo comete ha de ser siempre un organismo o un funcionario público.

Al respecto, el artículo 24 del Código Penal que define los 2 dígitos para fines penales:

«1. Para efectos penales, se considera autoridad la autoridad que, por sí sola o como miembro de un sujeto jurídica, tribunal u órgano colegiado, comanda o ejerce su jurisdicción. Los miembros del Congreso de los Diputados, el Senado, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y el Parlamento Europeo, son también fiscales autorizados.

2. Se considera funcionario público quien, por predisposición inmediata de ley o por resolución o designación de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas ”.

Jurisprudencia relativa al género de funcionario público

Tanto la noción de funcionario como la de autoridad pública se interpretan en un sentido extenso, incluyendo cualquier forma de participación en el ejercicio de funcionalidades públicas, cualquier persona que sea el trámite de decisión o selección de semejante personal; su forma de remuneración; el carácter estatutario o profesional de la relación jurídica que la une con la Administración, o el carácter persistente o temporal de esta relación.

La resolución administrativa de la autoridad oficial o administrativa.

2) La resolución que se tome en materia administrativa no debe ajustarse a la ley, bien pues no tiene la rivalidad judicialmente atribuida en la materia, bien porque no se respetan las reglas esenciales del trámite para su devolución, bien pues su mérito de contenido no se ajusta a la ley o supone un abuso de poder.

En este sentido, nuestra Corte Suprema ha sostenido que, para que se produzca una conducta típicamente prohibida, el acto realizado por la autoridad o por el funcionario público «presupone una incompatibilidad absoluta con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo inspiran. «. una «acción claramente arbitraria, esto es, desprovista de toda justificación interpretativa que tenga cabida en el ordenamiento jurídico.

“Estos delitos no hay en el momento en que la resolución relativa es solo una interpretación errónea, errónea o cuestionable, como tiende a ocurrir en el campo del derecho; entre esta resolución y el ordenamiento jurídico hay un conflicto tan evidente y claro que alguno podría interpretarlo de esta forma por el hecho de que no tiene una explicación razonable.

Esto es, la injusticia debe ser tan evidente que podamos decir que nos encontramos ante una resolución arbitraria ”(STS 2ª nº 294/2019, de 3 de junio).

La intención o intención del responsable de la entidad activa

3) El sujeto activo debe accionar con mala conducta intencional.

No hay sitio para otras maneras de acción negligente, no para las llamadas posibles estafas. Según con la sentencia citada, «cuando la autoridad o funcionario, siendo consciente de solucionar fuera del sistema judicial y que lleva a un resultado materialmente injusto, actúa así pues quiere ese resultado y antepone el contenido de su testamento a cualquier otro razonamiento o cuenta «.

Comisión por omisión en el delito

4) La comisión por omisión se aplica en el momento en que el acto administrativo es obligatorio (Acuerdo de la Asamblea No Jurídica de 30 de junio de 1997).

Cumplimiento del delito de falsificación administrativa

5) También es fundamental subrayar que, para que el delito de prevaricación sea perfeccionado, no debe conducir a un resultado amenazante para los asuntos públicos.

“Dicho daño está constituido por ya que los ciudadanos no tengan la probabilidad de las instituciones y la seguridad que tienen que merecer porque como guardianes de la legalidad son los primeros en ser obligados, y este fracaso puede tener efectos devastadores en la ciudadanía en modo alguno se afianza. el Estado de derecho mucho más que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actúan de conformidad con la ley y que, por consiguiente, quien se desvíe de la ley recibe la pertinente sanción que restablece esta confianza quebrada ”(STS 2ª nº 294/2019, de 3 Junio).

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Miguel Buendía Zapín


Periodista de amplia experiencia, columnista de rigurosos medios relacionado con el derecho. Post grado en derecho periodistico. LinkedIn

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